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Alfabetización mediática como participación: más allá de los bulos
La alfabetización mediática no debería sonar a sermón. Su valor está en ayudar a las personas a leer, preguntar, contrastar y participar mejor.
mayo 27, 2026
Una decisión puede estar bien tomada y, aun así, sonar mal explicada.
Pasa en una convocatoria donde muchas entidades quedan fuera. En una selección de proyectos con criterios técnicos que casi nadie entiende. En una consulta donde se escucha mucho, pero cambia poco. O en una empresa, una organización social o una institución pública que tiene que decir “no” y no sabe cómo hacerlo sin parecer fría, opaca o culpable.
La escena es bastante común: alguien pide una explicación y la organización responde con un texto largo, correcto, lleno de matices… pero escrito desde la incomodidad.
Y entonces ocurre algo curioso. La explicación no calma. Al contrario: aumenta la sospecha.
El problema no siempre está en la decisión. A veces está en cómo se explica, cuándo se explica y qué parte del proceso queda invisible para quienes la reciben.
Porque las personas afectadas pueden aceptar mejor una decisión difícil cuando entienden qué se decidió, con qué criterios, bajo qué límites y qué pueden esperar después.
Hay palabras que en comunicación institucional conviene usar con cuidado. Confianza, legitimidad, rendición de cuentas y responsabilidad suelen aparecer juntas, pero no significan lo mismo.
La confianza tiene que ver con la relación. Con la expectativa de que una organización actuará de forma razonable, coherente y honesta, incluso cuando no podamos verlo todo desde fuera.
La legitimidad es más delicada. Una institución, una empresa o una organización no puede declarar su propia legitimidad como quien coloca un sello en un documento. La legitimidad se reconoce desde fuera. La otorgan, o la retiran, las personas que miran ese comportamiento, ese proceso, esos valores y esa forma de decidir.
La rendición de cuentas consiste en poder explicar qué se hizo, por qué se hizo, con qué criterios, qué límites existían y qué consecuencias tiene la decisión.
Responsabilizarse implica algo más que explicar. Significa no esconderse detrás del procedimiento cuando una decisión genera daño, frustración o dudas razonables. Significa responder, corregir cuando toca y aprender.
Esta distinción cambia la pregunta de fondo.
La comunicación no “fabrica” legitimidad. Tampoco puede pedir confianza como si fuera una obligación del público. Lo que sí puede hacer es crear mejores condiciones para que una decisión sea entendida como razonable, trazable y responsable.
La encuesta sobre confianza pública de 2024 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ayuda a entender que hablamos de algo más que información: el 41% de las personas encuestadas cree que su gobierno usa la mejor evidencia disponible para tomar decisiones, y apenas el 39% considera adecuada la comunicación sobre reformas políticas.
Hablamos de una brecha de confianza.
Explicar no es lo mismo que justificarse.
Explicar debería ser un gesto proactivo: ordenar una decisión, mostrar sus criterios y establecer sus límites antes de que la organización tenga que responder bajo presión.
Justificarse, en cambio, suele aparecer cuando la explicación llega tarde. No siempre tiene un tono agresivo. A veces es un texto correcto, educado y lleno de detalles. Pero nace como respuesta a una sospecha, una crítica o una petición de explicaciones que no había recibido respuesta antes.
La diferencia se nota rápido.
Una explicación clara dice: “esto se decidió así, por estos motivos, con estos límites y estos próximos pasos”.
Una justificación defensiva suele decir, aunque no lo diga literalmente: “ahora que nos cuestionan, necesitamos demostrar que hicimos lo correcto”.
Y ahí empieza el problema.
La transparencia no consiste en publicar mucho cuando llega la crítica. Consiste en hacer visible, desde el principio, lo relevante para entender una decisión: qué se hizo, por qué se hizo y qué margen real existía.
La transparencia sin criterio puede saturar. La justificación sin escucha puede irritar. La rendición de cuentas bien diseñada, en cambio, puede sostener confianza incluso cuando la decisión no gusta.
En contextos públicos, sociales o corporativos, muchas decisiones se toman bajo presión.
Hay presupuesto limitado. Reglas jurídicas. Prioridades políticas. Criterios técnicos. Plazos cerrados. Protección de datos. Confidencialidad. Mandatos ya definidos. Equilibrios entre actores. Expectativas imposibles de satisfacer al mismo tiempo.
Todo eso puede ser razonable. Pero si no se explica, desde fuera puede parecer otra cosa: una decisión opaca, difícil de entender o tomada con criterios que nadie ve.
Y ahí aparece el riesgo. Una decisión puede haber seguido reglas internas, jurídicas o técnicas y, aun así, ser percibida como poco clara, poco justa o mal comunicada.
Por eso, la pregunta útil no es: “¿cómo comunicamos que somos legítimos?”.
La pregunta útil sería más concreta: ¿qué necesita ver una persona externa para reconocer que esta decisión tiene criterio, límites claros y responsabilidad detrás?
La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge, en su artículo 41, el derecho a una buena administración. Incluye el derecho a ser escuchado, el acceso al expediente respetando intereses legítimos de confidencialidad y secreto profesional, y la obligación de la administración de dar razones de sus decisiones.
El Código Europeo de Buena Conducta Administrativa va en la misma línea: una decisión que afecte derechos o intereses debe indicar con claridad los hechos relevantes y la base legal, evitando motivos breves, vagos o sin razonamiento individual.
Para equipos de comunicación, la consecuencia práctica es sencilla: la explicación no se improvisa al final.
Si los criterios son confusos, la explicación será frágil. Si nadie ha pensado qué parte puede explicarse y qué parte debe reservarse, el mensaje llegará tarde. Si el proceso no prevé retorno a quienes participaron, la comunicación final sonará incompleta.
Cuando una organización tiene que comunicar una decisión difícil, suele empezar por el mensaje.
“¿Qué decimos?”
Pero quizá la primera pregunta debería ser otra:
¿Qué necesita entender la persona que recibe esta decisión?
Para ordenar esa respuesta, propongo trabajar con cuatro capas muy simples:
Capa | Pregunta que debe responder |
Decisión | ¿Qué se decidió exactamente? |
Criterios | ¿Por qué se decidió así? |
Límites | ¿Qué no podía cambiarse, prometerse o publicarse? |
Retorno | ¿Qué pasa ahora con quienes participaron, solicitaron o quedaron fuera? |
No es una fórmula mágica. Es una forma de evitar que la comunicación se convierta en una defensa de última hora.
La primera capa parece obvia, pero falla más de lo que parece.
¿Qué se ha decidido exactamente? ¿A quién afecta? ¿Quién tenía la competencia para decidir? ¿Desde cuándo aplica? ¿Qué queda dentro y qué queda fuera?
Una decisión difícil no debería empezar con una frase abstracta tipo “tras un proceso riguroso…”. Puede ser cierta, pero no aclara demasiado.
Ayuda más decir con claridad: qué cambia, para quién y desde cuándo.
En una convocatoria, por ejemplo, conviene explicar cuántos proyectos se han seleccionado, qué tipo de proyectos eran elegibles, qué fase se ha cerrado y qué pasos vienen ahora.
En una consulta pública, conviene explicar qué decisión se ha tomado, qué aportaciones se recibieron y qué parte del proceso sigue abierta.
La claridad reduce ruido. También reduce sospechas innecesarias.
La segunda capa es una de las más importantes.
Los criterios muestran que la decisión no depende de preferencias ocultas, presiones de última hora o intuiciones difíciles de comprobar.
Decir “se aplicaron criterios técnicos” deja al público casi igual que estaba. Mejor explicar qué criterios se usaron, cómo se ponderaron, qué evidencia se tuvo en cuenta y qué umbrales marcaron la diferencia.
La OCDE señala que solo cuatro de cada diez personas consideran probable que su gobierno use la mejor evidencia, investigación y datos disponibles cuando toma decisiones. También indica que comunicar mejor la evidencia usada para llegar a una decisión podría mejorar la percepción de confianza. Su encuesta de confianza pública de 2024 lo conecta directamente con la forma en que los gobiernos explican sus reformas.
La traducción práctica es sencilla: los criterios deben ser comprensibles para quien no estuvo dentro de la sala.
Si solo los entiende el comité, no están comunicados. Están documentados.
Esta es la capa más incómoda. Y muchas veces, la más necesaria.
Toda decisión tiene límites. Algunos son presupuestarios. Otros son legales. Otros tienen que ver con confidencialidad, datos personales, seguridad, intereses comerciales, plazos o competencias.
Nombrar esos límites no debilita la comunicación. Puede fortalecerla, siempre que se haga con precisión.
El error más frecuente es esconder el límite hasta que alguien pregunta. Entonces la organización responde tarde, con tono defensivo, y el límite suena a excusa.
Mejor explicarlo desde el principio: qué podía decidirse, qué no podía decidirse y por qué.
Por ejemplo:
“No podemos publicar datos personales de las candidaturas, pero sí podemos explicar los criterios de evaluación y los resultados agregados”.
O:
“La consulta no podía modificar el marco legal ya aprobado, pero sí podía influir en la implementación y en las prioridades operativas”.
Este tipo de frases no elimina toda la frustración. Pero ordena la conversación.
La cuarta capa suele olvidarse.
Un proceso no queda cerrado cuando se publica la decisión. Queda cerrado cuando las personas implicadas entienden qué pasó con su aportación, qué pueden hacer ahora y qué aprendizaje queda para la organización.
Esta idea conecta con algo que ya he trabajado al hablar de comunicación en tiempos de incertidumbre: la comunicación también debe ayudar a entender qué se ha hecho, qué brechas se han identificado y qué cambia a partir de ahí.
En procesos de participación pública, este retorno pesa mucho. De hecho, el IAP2 Spectrum of Public Participation incluye, en los niveles de consulta e implicación, la promesa de dar retorno sobre cómo la aportación pública influyó en la decisión.
La Comisión Europea también presenta su portal Have Your Say como un espacio donde ciudadanía y actores implicados pueden compartir opiniones y evidencias, y señala que esas contribuciones alimentan el proceso de toma de decisiones.
El retorno, por tanto, no es un detalle amable. Es parte del contrato comunicativo.
Sin retorno, la participación puede parecer decorativa. Con retorno, incluso una decisión limitada puede ganar comprensión.
Decir “no” no debería sonar ni frío ni culpable.
Un “no” digno tiene cuatro elementos:
Reconocimiento: la organización demuestra que ha entendido la expectativa de la persona o entidad afectada.
Criterio: explica qué regla, prioridad o evidencia se aplicó.
Límite: aclara qué no podía cambiarse, publicarse o prometerse.
Siguiente paso: indica si existe recurso, nueva convocatoria, canal de consulta, aprendizaje previsto o información adicional.
Una estructura posible sería:
“Entendemos que esta decisión puede generar frustración. La evaluación se ha realizado con los criterios publicados: [criterios]. En este caso, [motivo concreto]. El límite principal ha sido [presupuesto/plazas/mandato/confidencialidad]. A partir de ahora, [siguiente paso].”
No es una plantilla para maquillar una decisión. Ninguna frase compensa un proceso mal diseñado.
Pero una buena estructura evita dos extremos: el silencio opaco y la explicación interminable.
A veces, decir “no” con dignidad significa aceptar que la persona seguirá en desacuerdo. La comunicación no tiene que fabricar consenso. Tiene que permitir comprensión, trazabilidad y respeto.
Una organización no puede publicar todo. Y tampoco debería prometerlo.
Hay información que debe reservarse por protección de datos, confidencialidad, seguridad, secreto profesional, intereses comerciales legítimos o integridad del proceso. El propio artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales reconoce el acceso al expediente, pero lo equilibra con intereses legítimos de confidencialidad y secreto profesional.
El punto crítico no es publicar cada detalle. Es explicar el criterio de publicación y el criterio de reserva.
Una frase útil podría ser:
“Publicamos los criterios, el procedimiento, los resultados agregados y los aprendizajes del proceso. Reservamos datos personales, información confidencial de candidaturas y elementos protegidos por normativa aplicable.”
Ese tipo de formulación ayuda porque muestra que la reserva no es caprichosa. Tiene una razón.
Un caso europeo ilustra bien esta tensión: el debate sobre el acceso público a documentos relacionados con los contratos de vacunas contra la COVID-19. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea explicó en 2024 que el Tribunal General anuló en parte decisiones de la Comisión sobre acceso a documentos, al considerar que no se había demostrado suficientemente cómo un acceso más amplio a determinados elementos dañaría intereses comerciales o de privacidad.
El asunto seguía vivo en 2026: según Reuters, el Abogado General Athanasios Rantos recomendó desestimar el recurso de la Comisión contra la sentencia de 2024. Su opinión no es vinculante, pero mantiene abierta una conversación pública muy clara sobre transparencia, confidencialidad y rendición de cuentas.
El caso no sirve para decir que todo debe ser público. Sirve para mostrar algo más útil: cuando hay límites legítimos, la explicación de esos límites también forma parte de la confianza.
Las plantillas rígidas suelen quedar cortas. En decisiones difíciles, conviene trabajar con estructuras de mensaje que cada equipo pueda adaptar.
Decisión: “Su propuesta no ha sido seleccionada en esta convocatoria.”
Criterios: “La evaluación se realizó sobre [criterios publicados].”
Límite: “El número de propuestas financiables era limitado por [presupuesto/plazas/alcance].”
Retorno: “Puede consultar [síntesis/criterios/resultados agregados] y presentarse a [siguiente oportunidad], si procede.”
Decisión: “Se han seleccionado [número] proyectos.”
Criterios: “La selección priorizó [criterios].”
Límite: “La convocatoria no permitía financiar proyectos fuera de [ámbito/territorio/plazo].”
Retorno: “Publicamos una síntesis del proceso y abrimos un canal para dudas procedimentales hasta [fecha].”
Decisión: “Tras la consulta, se mantiene/modifica/incorpora [elemento].”
Criterios: “Las aportaciones se analizaron según [criterio].”
Límite: “Algunos aspectos quedaban fuera del mandato de esta fase.”
Retorno: “Esta síntesis muestra qué aportaciones influyeron en la decisión y cuáles no pudieron incorporarse.”
La estructura es simple. Pero obliga a pensar antes de escribir.
Antes de publicar una decisión sensible, un equipo de comunicación puede hacerse cinco preguntas muy concretas:
¿Qué necesita entender una persona afectada para reconocer que la decisión ha sido tomada con criterio, aunque no esté de acuerdo?
¿Qué criterios se aplican y dónde están publicados o explicados?
¿Qué límites existen y cuáles conviene nombrar antes de que parezcan una excusa?
¿Qué parte de la información puede publicarse y qué parte debe reservarse con una razón clara?
¿Qué retorno va a recibir quien participó, solicitó, aportó o quedó fuera?
Estas preguntas no sustituyen el trabajo jurídico, técnico o político. Lo ordenan para que la comunicación no llegue tarde.
Porque una decisión difícil no se vuelve más confiable por sonar segura. Tiene más posibilidades de ser reconocida como razonable cuando permite ver el proceso con suficiente claridad.
Comunicar decisiones difíciles exige una mezcla delicada: claridad sin dureza, prudencia sin opacidad y empatía sin prometer lo que no puede cambiarse.
Quizá la pregunta útil no sea “¿cómo defendemos esta decisión?”.
Sería mejor preguntar: ¿qué necesita saber una persona razonable para entender cómo se tomó, qué límites había y qué puede pasar ahora?
Si trabajas en contextos institucionales, sociales o de participación pública, me interesa leerte en LinkedIn: ¿dónde se rompe antes la confianza, en los criterios, en los límites, en el tono o en el retorno?
Explicar a tiempo es un gesto proactivo: muestra criterios, proceso, límites y próximos pasos antes de que la organización tenga que responder desde la presión.
Justificarse suele ser reactivo. Aparece cuando ya hay sospecha, crítica o una petición de explicaciones que no encontró suficiente claridad antes. No siempre tiene un tono agresivo; puede ser un texto correcto y educado. Pero nace tarde y con una función defensiva.
La diferencia se nota en el tono, pero también en la estructura. Una explicación abre el proceso. Una justificación intenta protegerlo cuando ya está cuestionado.
Rendir cuentas significa explicar qué se hizo, por qué, con qué criterios y con qué consecuencias.
Responsabilizarse va un paso más allá. Implica asumir el efecto de una decisión, responder cuando algo falla, corregir si hace falta y no esconderse detrás del procedimiento.
Conviene separar cuatro capas: qué se decidió, con qué criterios, bajo qué límites y qué retorno reciben las personas afectadas.
Cuando esas capas aparecen claras, el desacuerdo puede seguir existiendo, pero baja la sensación de arbitrariedad.
Un “no” institucional debería reconocer la expectativa, explicar el criterio aplicado, nombrar el límite y ofrecer un siguiente paso.
No hace falta dramatizar ni endurecer el mensaje. Hace falta que la persona entienda por qué la respuesta es negativa y qué margen queda.
Conviene publicar criterios, procedimiento, resultados agregados, calendario, vías de recurso o consulta y aprendizajes del proceso.
Deben reservarse datos personales, información confidencial, secretos profesionales, elementos protegidos por normativa o detalles que puedan dañar la integridad del proceso. Lo importante es explicar el criterio de publicación y de reserva.
Cerrar el ciclo significa explicar qué pasó después de escuchar: qué aportaciones influyeron, cuáles no pudieron incorporarse y por qué, qué cambia ahora y qué canales siguen abiertos.
Sin ese retorno, la participación puede parecer decorativa.
Una estructura útil incluye cuatro bloques: decisión, criterios, límites y retorno.
Primero se nombra la decisión concreta. Después se explican los criterios. Luego se aclaran los límites reales del proceso. Finalmente se indica qué puede hacer ahora la persona, entidad o comunidad afectada.
Este artículo parte de una línea editorial y un enfoque definidos por mí, Laura Mellado. Para su desarrollo se han utilizado herramientas de inteligencia artificial como apoyo en documentación, estructura y edición. La versión final ha sido revisada, contrastada y aprobada por mí.
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